Antes de firmar un contrato de alquiler, cualquier propietario mira que el inquilino se ajuste al perfil deseado. Que no le vaya a destrozar la vivienda, que no la convierta en un lupanar o un centro de distribución al por menor (o al por mayor) de sustancias estupefacientes, que no cause problemas al vecindario, suelen ser aspectos que le interesan. También, que vaya a cumplir el contrato. En concreto, que paguen el alquiler.
Así que si la nueva legislación favorece a los que no pagan (o favorece que no paguen), las personas que parezcan susceptibles de ser las que no pagan lo tendrán más difícil para alquilar una vivienda. Cuantas más se les favorezca, más difícil lo van a tener. Lo cual está muy bien (el que tengan el acceso más difícil, no que el Gobierno legisle para favorecerles) si hablamos de los caraduras, pero es justo lo contrario si hablamos de aquellos que, simplemente, parecen susceptibles. No importa lo que se deslomen los padres para cumplir, si tienen un hijo paralítico nadie les alquilará nada.
Si el Gobierno, en vez de escuchar a los descerebrados que gritan, escuchara a las personas con sesera, intentaría resolver el problema de la vivienda de la forma más inteligente: favoreciendo que se construyan más viviendas.
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