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Decisiones definitivas y no reversibles son antidemocráticas per se, porque privan a la minoría de la oportunidad de convertirse en mayoría.
Oliver Lepsius
Es difícil calificar lo que pasó el 10 de enero de 2024. Pienso que la palabra más adecuada es "villanía", pero el cuadro general es demasiado complejo para mí.
Los actores secundarios son importantes: sin los actores secundarios, los actores principales no podrían ser como son. Para captar su esencia, voy a fijarme en la presidente del Congreso, Francina Armengol.
Armengol es diputada del PSOE por las Islas Baleares, pero también la presidente del Congreso. Es este cargo el que le da la importancia institucional que tiene (de lo contrario, no tendría ninguna y pocos sabrían reconocer su fotografía o su nombre), y es por lo tanto el cargo al que se debe. El presidente del Congreso ha de ser la persona más imparcial de España después del Rey, y representa a la totalidad de los diputados, a los que además ha de defender. A todos, no sólo a los de su cuerda. ¿Y ante quién debe defenderlos? Está claro, ante los que pueden actuar contra ellos: el Gobierno y la Justicia (entiéndase, en las situaciones en las que éstos abusen de sus competencias). Y lo importante es que ha de defenderlos a todos. A todos. Ha de luchar porque el Congreso ejerza su misión en su plenitud, que las leyes sean las que salgan de allí (sin que el Gobierno lo puentee), y que en la redacción de esas leyes todos los diputados debatan en igualdad de condiciones. Sin mirar a qué partido pertenece ese diputado.
Francine Armengol es todo lo contrario: es la herramienta que utiliza el Gobierno para controlar al Congreso. Armengol sabe ambas cosas, y le da igual. Porque sabe que su beneficio personal será máximo siguiendo las directrices del Gobierno, y mínimo si hace honor a su cargo.
Y si el Gobierno quiere que unos decretos suyos se aprueben en el mes de enero, mes inhábil para las sesiones del Congreso (es un mes que, en teoría, los diputados emplean para estar en sus circunscripciones, sea explicando allí lo que se está decidiendo en Madrid, sea para conocer y escuchar las reivindicaciones y opiniones de sus habitantes), pues se convocan plenos extraordinarios y no pasa nada. ¿Que es tan inhábil que el mismo Congreso había programado obras de mantenimiento en el edificio durante ese mes? Pues se busca otro edificio. Lo que sea que manden.
Pasemos ahora a los hechos en sí. El Gobierno quería que se aprobaran 3 decretos suyos. En los días previos se hace público que Podemos y Junts votarán en contra. Por lo tanto, si el Gobierno quiere sacarlos adelante necesita la connivencia del PP. Lo normal habría sido negociar con ellos, como se hacía antaño y como creo que se sigue haciendo el la totalidad de los países a los cuales queremos parecernos. Pero eso de negociar con el PP no va con Sánchez. Él quiere su apoyo cuando lo quiera y sin condiciones. Tienen dos estrategias habituales. La primera, decir que si no les apoyan tendrán que pactar con los separatistas, y por lo tanto cualquier mala decisión que adopten debida a ese pacto será responsabilidad del PP por no haberles apoyado y haberles puesto en esa tesitura (recalquemos que, además, se niegan a negociar nada con el PP, con ellos esto son lentejas). En esta ocasión, claro, esto no funciona porque... porque ya no cuela, vaya. Y la segunda estrategia es clamra que si no apoyan sus decretos estarán diciendo que no a no sé cuántas cosas maravillosas e irrenunciables.
Este último argumento me encorajina demasiado. Por lo burdo. Es como si yo le propongo a usted que usted me regala su coche, su vivienda y a sus hijas y yo dono 1 litro de leche a un banco de alimentos, y ante su negativa clamo que usted se opone a que yo done 1 litro de leche y que los pobres negritos de África se van a quedar sin leche porque usted no ha aceptado el trato. Es increíble la cantidad de articulistas que defienden esta tesis y han afirmado que el PP era tan responsable como el PSOE de que se llegara a esta situación; por ejemplo, este tío en este artículo. Ya escribí en esta entrada sobre la ley romana Caecilia Didia, que obligaba a que las leyes fueran sobre asuntos únicos, precisamente para evitar situaciones como ésta, así que no me extenderé más. Aunque he de hacer notar que si la herramienta elegida por el Gobierno hubiera sido una ley y la hubieran tramitado como deberían tramitarse las leyes, pues a lo mejor muchas de las disposiciones (esas tan maravillosas e irrenunciables) sí hubieran podido salir adelante. Pero como eligieron el todo o nada, pues en esta ocasión les salió nada.
Lo importante es que se dieron cuenta de que el PP no iba a apoyarles. Así que tenían que conseguir el sí de Podemos y de Junts.
El primero de los decretos no salió adelante. No por nada, sino porque Podemos tenía que marcar perfil propio y coincidía, qué coincidencia, que el primero de los decretos era de ámbito laboral y rechazarlo suponía un revolcón especial para la jefa de Sumar (no recuerdo ahora cómo se llama), nombrada por Podemos pero que una vez nombrada se tornó una inmisericorde antipodemita (porque los ve como sus competidores, no como su gente o sus potenciales aliados). Así que les dieron el gusto a Podemos, y ya satisfechos los de Podemos votaron que sí a los otros dos. La misión era, por lo tanto, conseguir el sí de Junts. O al menos, gracias a que la diputada de Coalición Canaria, que en Canarias gobierna en coalición con el PP y se la supone del bloque del PP, "traicionaba" al PP e iba a votar que sí, la abstención.
Pero Junts había dicho que votaría no.
Los del PSOE, al ser conscientes de la situación, intentaron negociar. Qué hace falta para que no votéis no. Los de Junts sabían que era su oportunidad, y la aprovecharon. Lo que pasa es que el tiempo se echaba encima, y no había acuerdo. Por suerte, se produjo un sorprendente error informático y la votación tuvo que aplazarse hasta que se resolviera. Luego se votó, pero aún no había acuerdo y por lo tanto iban a perder, así que se produjo un error en el voto del argentino Gerardo Pisarello, de la coalición gubernamental, y hubo que repetir la votación. Cabe decir que Pisarello no es un cualquiera, no es un diputado cateto y ramplón como Casero del PP o ése del PSOE por Teruel, es el secretario primero de la Mesa del Congreso. Y la legislatura anterior también lo fue, así que se supone que votar, sabe hacerlo. Lo importante es que se repitió la votación, Junts se abstuvo, y los decretos salieron adelante. Por fin salió Sánchez a la palestra, todo ufano y sonrisas, a decir aquello de bien está lo que bien acaba.
El detalle es la negociación. Se negoció el mismo día de la votación, todo lo más el día anterior, que fue empleado para exponer las posturas de cada uno y descubrirse el farol del PSOE:
—¡No os atreveréis!
—¿Que no? ¡Marchando un voto en contra en la primera de las votaciones!
Así que se negoció a la carrera, y la negociación casi no mereció ese nombre, porque fue más bien un vale, venga, tú ganas, pídeme lo que quieras pero por amor de Dios no votes no. ¿Así se han de hacer las cosas?
¿Qué se acordó? Pues no estoy seguro de que se sepa. Porque el PSOE (dime de qué presumes y te diré de qué careces), tan adalid de la transparencia ellos), no lo han dicho. Y el Gobierno, tampoco. Se sabe que han llegado a acuerdos, pero no nos dicen cuáles. Por suerte, Junts sí hizo un comunicado, y dado que ni el Gobierno ni el PSOE ha salido en tromba a desmentirlo y a decir que ellos no han acordado eso, pues nos lo vamos a creer.
Y no es peccata minuta: por ejemplo, se le cede al gobierno catalán las competencias en inmigración. Según la Constitución, esa competencia es exclusiva del Gobierno central, pero el jefe del Tribunal Constitucional es más rastrero aún que Armengol y ya se encargará él de que la medida se declare conforme con la Constitución (sin duda, acogiéndose al artículo que dice que el Gobierno central puede transferir competencias a los autonómicos). Da igual que el Gobierno autonómico no haya pedido la transferencia, que la policía autonómica se oponga a que se les traspase la responsabilidad, da igual el sinsentido que supone, da igual que la inmigración es un asunto tremendamente complejo que lleva años debatiéndose en Bruselas sin encontrar una buena solución. Lo importante es que el PSOE ceda y se muestre quién lleva en realidad las de ganar.
También acordaron la eliminación de no sé qué frase legal. No tendría más importancia si no fuera porque dos semanas antes el Gobierno había declarado públicamente que esa frase era ineliminable, una exigencia de Bruselas y todo eso; por supuesto, tras hacerse público el acuerdo los mismos representantes del Gobierno dijeron justo lo contrario, que no había ningún problema. Y también dijeron que era una frase que no tenía ninguna importancia ni repercusión, que no pasaba nada. Fuera de preguntarme yo entonces qué pintaba una frase así en un código legal, me da en la nariz que puede que sí tenga importancia y sí tenga repercusiones: que el Gobierno diga lo contrario no significa absolutamente nada.
Otra cosa que acordaron fue que se multaría a las empresas que han salido de Cataluña después de los sucesos promovidos por Junts (y adláteres) en octubre del 17. Empresas que, por supuesto, están muy bien donde están ahora y no quieren volver (porque siempre han podido volver, por la misma ley del 17 que les permitió salir).
Y más cosas, pero para qué seguir. Si lo que me preocupara fueran las cosas que acordaron me quedaría el consuelo de que el acuerdo fue con el PSOE, con Sánchez. Papel mojado, vaya, pues ni Sánchez ni el PSOE se van a sentir obligados por cualquier palabra dada.
La próxima vez... ¿se da cuenta, por ejemplo, la diputada de CC lo barato (regalado) que ha vendido su voto? La próxima vez podrá pedir lo que quiera para Canarias, y lo tendrá. Y lo mismo ERC, PNV, Bildu (bueno, estos tienen sus pactos secretos y se lo cobrarán en el Parlamento vasco y el navarro) y puede que todos los que forman la galaxia Sumar. Estos últimos, claro, no pedirán nada para sus territorios porque no gobiernan en ellos, pedirán cargos para sus bandas. Sueldos y prebendas de los que no nos enteraremos de tan trasparentes que son.
¿Qué manera de gobernar es ésta? La pregunta es errónea, porque el objetivo del Gobierno no es gobernar sino ser El Gobierno.
El ser humano es, por lo general, colaborativo. Somos una especie que se mueve en grupos en los que, por lo general, las acciones de los miembros van encaminadas al bienestar del grupo; cuando aparece "un listo" que busca su propio beneficio sin preocuparse por el grupo, el grupo lo disciplina. A menudo el grupo tiene líderes, pero los líderes también buscan el beneficio del grupo: cuando el grupo detecta que el líder busca sólo su propio beneficio, deja de ser su líder, dependiendo de cuántos "machos beta" estén arropando al líder, el "macho alfa". Si el líder consigue que sus seguidores también tengan beneficios (más de los que tendrían en una situación normal), esos machos beta apoyarán al líder. Si el líder cuenta con suficientes machos beta, derrocarle es más difícil. Por ejemplo, Lenin, Stalin, Mao o los Castro.
El caso de Sánchez es sin duda alguna el de "un listo" que está consiguiendo ser el líder para su propio beneficio, sin preocuparse del beneficio del grupo. En su caso concreto, no preocupándole que el beneficio suyo está siendo a costa del del grupo. En condiciones normales, el sistema institucional español debería ser capaz de corregir la anomalía que representa, pero Sánchez ha llegado con suficientes machos beta y en un momento en el que los demás machos beta que deberían defender al grupo sin apenas capacidad de resistencia, y ahora nos encontramos en la situación en la que estamos.
En resumen, lo que muchos pensaban que no iba a ocurrir ha ocurrido. En la primera oportunidad. Nuestros gobernantes no tienen ninguna dignidad. Ninguna vergüenza. Venden las joyas de nuestras familias para obtener ellos su propio beneficio, y nos dicen a la cara que es por nuestro bien.
Si no somos capaces de echarlos, es que nos los merecemos. Pero la palabra que se ocurre para calificar todo esto es villanía.
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