«Si no se puede aplicar en toda España, no es un derecho sino un privilegio».
Otra frase que he leído en un artículo en internet, motivada por la situación actual (en concreto, el compromiso del PSOE de que Cataluña tendrá un trato fiscal específico) y que empleo de pie para una reflexión.
Nadie solicita un trato diferencial para sí para salir perjudicado. Quien quiere un trato especial, lo que quiere es un trato mejor. No nos engañemos, digámoslo claro. Y es posible que lo que suponga el trato especial no afecte a los demás (por ejemplo, que en vez de saludar con un "buenos días" como a todos, don Braulio me pida que le salude con un "buenos días tenga usted"), pero si estamos hablando de algo que son habas contadas, un trato especial para uno supone un trato peor para los demás.
Salvo que, claro, Cataluña, Navarra o el País Vasco acepten que tengan menos o peores servicios: que no se les arreglen las carreteras o no se les apaguen los incendios forestales, por ejemplo. O que las pensiones se las paguen con lo que aportan sus propios ciudadanos, o que la electricidad que usen sea sólo la que se genere en sus regiones. Pero eso no ocurre: en eso, quieren un trato como mínimo igual al de los demás.
Cuando nos planteemos si un trato especial es bueno, la pregunta ha de ser: si ese trato fuera para todos, ¿sería bueno? Y si no lo es, entonces no lo es. Salvo que, insisto, ese trato lleve también contrapartidas: por ejemplo, peatonalizar una calle no puede extenderse a todas las calles de la ciudad, pero peatonalizar una calle conlleva para ésta inconvenientes además de ventajas. Vivir en la ciudad tiene ventajas frente al campo, pero también inconvenientes. Y así con todo. Solo que en el caso que nos ocupa, conciertos fiscales o leyes específicas para ciertas regiones, los interesados cogen sólo las ventajas. A la hora de los inconvenientes (por ejemplo, el pago de las pensiones), sí que hemos de apechugar todos.
Que no le engañen. Por lo menos, que digan la verdad a la cara.
