En fechas recientes el govierno catalán ha promulgado una ley de medidas contra la epidemia de coronavirus covid-19. Dentro de una de las disposiciones adicionales, escondido entre párrafos, figura un aumento de la pensión vitalicia a la que tienen derecho los expresidentes catalanes tras 2 años en el cargo. No se sabe cómo subir la pensión de un cargo público específico y que ya de por sí está dotado con un sueldo doble del del presidente del gobierno de España ayudará a combatir la pandemia: la ley no lo dice. Pero esta ignorancia no es óbice para que la coalición en el poder apruebe la norma. A fin de cuentas, "son de los nuestros" y ése es el principio rector para esta gente.
También aprobaron los presupuestos, con una cláusula que exime del pago de impuestos a las donaciones a y de entidades sin ánimo de lucro. Cabe recordar que el que una entidad sea sin ánimo de lucro no significa que no tenga ánimo de lucro y tampoco que no se lucre, lo que pasa es que ese lucro... er... desaparece. Hasta ahora, esa desaparición era bajo mano, oculta. Ilegal. Pero resulta que últimamente hay cierto colectivo que debe recibir ese dinero públicamente, y se trata de que ese colectivo no pague impuestos por ese dinero. No hace falta decir que ese colectivo son los políticos separatistas, y las entidades sin ánimo de lucro son Omnium Cultural, la ANC y las cajas de solidaridad que tienen montadas en todas las provincias catalanas. Uno puede alegar que con esta exención se está blanqueando dinero, ya que nunca se sabrá de dónde ha salido. Otro podrá alegar que lo que tenemos que hacer todos es montar sociedades sin ánimo de lucro y transferirnos los unos a los otros los dineros a través de ellas. Y las herencias y transmisiones. Yo "dono" todo lo que quiera a la entidad X, definida sin ánimo de lucro, y la entidad X se lo "dona" a quien yo quiera, y así nadie paga impuestos. No me cabe duda de que muchos listos de los que tenemos por aquí van a hacer eso. Cualquier día el fontanero me dice que la reparación son 5 céntimos pero que he de donar 300 euros a la entidad sin ánimo de lucro de la que es titular él o su señora. Pero no, eso sería un fraude de ley, e imagino que se perseguirá. Lo que no se perseguirá, pueden estar seguros, es cuando el beneficiario sea "uno de los nuestros".
Por si acaso no quedaba claro el concepto que tienen de la cosa pública, han sacado otra norma: la Administración catalana se hará cargo de las necesidades judiciales que tengan los que actúen en su nombre. En otras palabras: si un alto cargo delinque, incluso si se apropia de caudales públicos, será la Generalitat la que se encargue de defenderle. Con nuestro dinero.
Tampoco hace falta decir que esta medida se ha hecho pensando en favorecer a cierto colectivo de personas. Cierto colectivo de personas que, al igual que los sueldos de los políticos, son los beneficiarios de decisiones que adoptan ellos mismos ¡con rango de ley!
Pero lo que a mí me saca de mis casillas es el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. En pocas palabras, el artículo permite cambiar el estado de un preso en concreto y que pueda salir de la cárcel para ir a trabajar sin estar aún en el tercer grado. En el tercer grado, un preso puede salir a trabajar para facilitar su reinserción social, laboral y familiar, pero antes de eso ha de cumplir una parte importante de su pena. Pero el 100.2 permite que se acojan a ese régimen presos con mucha pena aún por cumplir; se sobreentiende que se está pensando en casos realmente extremos, sangrantes, obvios. Tan extremos, sangrantes y obvios que, hasta hace poco, si se había aplicado alguna vez era de uvas a peras (según me contó una amiga del sector, es realmente excepcional). En España hay más de 54.000 presos, más de 35.000 de ellos en segundo grado. Y, sin embargo...
Sin embargo, apenas "uno de los nuestros" entró en prisión, Oriol Pujol (hijo de Jordi), no tardó en aparecer un empleador milagroso que contrató a una persona que nunca había trabajado fuera de la administración pública (catalana, claro, que era en la que mandaba su papá) y para facilitar su reinserción el hombre al poco de entrar ya estaba más tiempo fuera que dentro (sólo iba para dormir). ¿Excepcional? En absoluto. Porque en cuanto ingresaron en prisión "los nuestros", todos encontraron "trabajo". Y todos ellos fueron catalogados como esos casos excepcionales con los que había que ser especialmente clemente y dejarles salir.
Y no sólo un trabajo: varios. Los que hiciera falta. Y si el confinamiento les impide ir a uno, se busca otro que se pueda ir en modo confinamiento. Como archivero del monasterio de Poblet, ya ven la importancia esencial de acudir al centro de trabajo en esta pandemia.
¿Increíble? No si en las juntas de evaluación de presos mandan "los nuestros".
¿Y porqué me saca de mis casillas? Porque ninguno de los más de 35.500 presos de segundo grado lo consigue, por más años que lleven intentándolo. Y ningún monasterio de Poblet, ninguna Universidad de Vic, ninguna de todas esas entidades que han contratado a "los nuestros" ha movido o moverá jamás un dedo por ninguno de esos 35.500. Porque esos, no hay que decirlo, "no son de los nuestros".
Hacen muchos años que digo que consideran Cataluña como su cortijo. Pero esto va más allá: son una mafia. Son a Cataluña lo que la Cosa Nostra a Sicilia. No, peor aún. Allí al menos los mafiosos están ilegalizados. Y no hacen ellos las leyes.
Me pregunto si habríamos llegado a este punto si cada vez que los políticos decidían, con ese estilo suyo tan característico, subirse los sueldos el Pueblo hubiera montado en cólera y los hubiera obligado a rectificar. Supongo que no. Pero descubrieron que ellos están por encima de nosotros y no podemos hacerles nada. Y así han conseguido acostumbrarnos a esto. Ahora ya lo vemos hasta normal. Hoy mismo, sin ir más lejos, se ha publicado en el digital que más informa sobre Barcelona ciudad que la alcadesa ha subido estos días el sueldo un 2% a sus asesores y altos cargos. Con efectos retroactivos al 1 de enero. Y no movemos ni una ceja.
The Hollies - Long cool woman in a black dress
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